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Criação da ALPEC

31

JUL

2011

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CRIADA NA GUATEMALA A ASSOCIAÇÃO LATINOAMERICANA DE DIREITO PENAL E CRIMINOLOGIA


Durante o I Congresso Latino-americano de Direito Penal e Criminología realizado em homenagem ao Prof. Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, Ministro da Corte Suprema de Justiça da Argentina e Professor de Direito Penal da Universidade de Buenos Aires, foi criada na Cidade da Guatemala a Associação Latino-americana de Direito Penal e Criminología - ALPEC - no dia 14 de abril de 2011.

De acordo com seu Estatuto trata-se de um associação civil com sede na Argentina (Av. Boyacá 932 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
 

A ALPEC tem por objetivo promover a pesquisa, a difusão do conhecimento, o debate jurídico, criminológico e político, o intercâmbio acadêmico e docente, a crítica jurídica e social e o aperfeiçoamento institucional.
As razões de sua criação, bem como suas diretrizes e objetivos estão descritas no texto que segue e estão em perfeita sintonia com as linhas de pesquisa do Grupo Politica Criminal, cujo trabalho divulgamos neste site:

 

Razones de su Creación:

 

La creación de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (ALPEC) responde a la necesidad de disponer de una entidad de encuentro específico de penalistas y criminólogos latinoamericanos donde se profundicen los temas comunes de sus materias tomando en cuenta las realidades regionales y sus particularidades tanto sociales, legales, políticas y económicas, como en particular las estructuras de sus sistemas penales y de las agencias que los componen.


La ALPEC no tiene por objeto competir ni segregarse de las asociaciones mundiales que se ocupan de las materias que le son propias, sino de configurar un foro que coordine una mayor y mejor participación de la región en ellas. Hasta el presente la voz de los estudiosos latinoamericanos en esas asociaciones, si bien en ocasiones importante, es casi individual y carente de un intercambio previo de opiniones, siendo muchas veces ocasional y sin continuidad. Sin embargo, la frecuencia de comunicación entre los distintos países de la región aumenta, potenciada por la tecnología actual, con lo cual se pone de manifiesto la alta conveniencia de una participación más coordinada y rica en los foros mundiales, como corresponde al nivel de los estudios y trabajos regionales.
 

La ALPEC se propone intensificar la información sobre la producción científica regional entre los propios estudiosos de sus países. No escapa a la observación que la tradición latinoamericana se nutre de fuentes de conocimiento diversificadas de Europa y América del Norte, produciendo obras con altos niveles de comparación, hecho poco frecuente en los países de donde emergen las fuentes originarias, los que por lo general se centran en su propia producción o casi exclusivamente en aquella de su propia lengua. La complementación de esta información con un mejor conocimiento de la propia producción regional resulta indispensable y produce una síntesis de alta originalidad que merece hacerse oír en los debates mundiales y en los de otros continentes y regiones.
 

La difusión de la producción regional en los foros mundiales es escasa. Si bien el castellano y el portugués son lenguas que se cuentan entre las más habladas en el planeta, teniendo además la ventaja de su mutua comprensión sin mayor esfuerzo, es menester hacerse cargo de la difusión de la producción científica latinoamericana por lo menos en lengua inglesa a efectos de difundirla en los países centrales y en los foros mundiales, que usan esa lengua como medio habitual de comunicación. La región conservará sin duda sus lenguas ibéricas y debe hacer los mayores esfuerzos para que éstas sean admitidas en los ámbitos mundiales, pero no puede ignorar que la comunicación contemporánea globalizada se produce en una lengua de encuentro común, en modo análogo al uso que del latín se hacía hasta hace algunos siglos en Europa.
 

Muy probablemente en un futuro próximo la técnica permita la traducción mecanizada de textos, pero en tanto no se alcance ese desarrollo, la producción científica regional no puede quedar marginada de los debates en los foros mundiales, que es lo que en este momento suele suceder. Esta tarea, que implica la inserción de la ciencia latinoamericana en los debates mundiales, supera ampliamente las posibilidades de los estudiosos e incluso de los países aisladamente, por lo cual se hace menester coordinar los esfuerzos y optimizar el empleo de los recursos existentes.
 

La penosa situación actual creada por la publicidad única del segurismo totalitario impone que los estudiosos de la región adquieran capacidad de comunicación para valerse de los mismos medios para neutralizarlo. El segurismo totalitario selecciona víctimas capaces de generar identificaciones y las promociona con crueldad, fomentando desarrollos patológicos al impedirles o desviarlas del duelo por la pérdida. Esta alta discriminación en la exhibición pública de la victimización no puede responderse sin apelar a los propios medios masivos, para lo cual los estudiosos serios, deberán disponer de los conocimientos adecuados para llevar a cabo esta comunicación social. El fomento de este entrenamiento es indispensable para salvar a los estados de derecho de la región, hoy presos y debilitados por la publicidad única a la que no se le opone ninguna otra, cediendo o haciendo mal uso de los limitados espacios públicos que de cualquier manera existen y deben ser adecuadamente utilizados."


Directrices para la obtención de sus objetivos:


La ALPEC no se constituye como una entidad científica con pretensiones de asepsia o neutralidad valorativa. Sus miembros son conscientes de que las ciencias penales y criminológicas no son neutras frente al poder, precisamente porque se ocupan de fenómenos del poder. Por consiguiente, la realización de sus objetivos estará enmarcada en una mayor y mejor realización de los Derechos Humanos en la región y en especial en el sistema penal. La defensa de la dignidad del ser humano, la exclusión y denuncia de todos los prejuicios discriminadores o jerarquizantes de seres humanos y la consiguiente promoción del respeto al derecho a ser diferente, son principios que rigen sin excepción toda su actividad.
 

Es innegable que las sociedades latinoamericanas padecen graves estratificaciones, polarización de riqueza, exclusión social y, en definitiva, disparidad enorme de oportunidades para la realización personal de sus habitantes. Las mismas fuerzas que han retardado, detenido y aún regresado su desarrollo, se refugian en una publicidad única de segurismo con aspiración totalitaria, dominante en los medios de comunicación social, que amenaza los precarios estados de derecho e invade los discursos políticos hasta hacer desaparecer de ellos cualquier otro contenido programático, ante la impotencia de los protagonistas atrapados entre el temor y el oportunismo. La manipulación del miedo llega a los propios trabajos jurídicos y se traduce en cierto beneplácito de algunos ámbitos académicos que es menester denunciar, poniendo de manifiesto su sentido autoritario y regresivo. Ante esta realidad, la actividad científica responsable en la región no puede menos que asumir una actitud crítica, para lo cual siempre acudirá al paradigma de los derechos humanos positivizados en las constituciones y en las convenciones y tratados regionales y universales.
 

La indiferencia frente a la violencia entre las personas que pertenecen de los segmentos más desfavorecidos de la población, es tan criminal como funcional al sostenimiento de su condición, y ello será materia de preferencial atención en los trabajos de la ALPEC.
La ALPEC observará atentamente los intentos de desvinculación de los estados respecto de sus responsabilidades en el sistema penal, especialmente en lo que hace a la privatización de la seguridad o abandono del servicio público de seguridad, privatización de las prisiones y establecimientos análogos en sus diversas variables y cualquier otra renuncia, que con pretexto de mayor eficacia, lleve a cabo en favor de concesionarios o empresas privadas. Por el contrario, fomentará con especial cuidado el perfeccionamiento y profesionalización de los servicios policiales y penitenciarios, el respeto de sus elementales derechos laborales de salario justo, descanso adecuado, capacitación adecuada, carrera y estabilidad laboral, asistencia social y cuidado de su salud e integridad física, sindicalización y formación en el respeto a la dignidad humana.
 

Observará atentamente las reformas procesales en la región, así como la creación de fueros especializados y sus leyes respectivas, cuidando que éstas no introduzcan expresa o encubiertamente instituciones inquisitoriales, que pudieran facilitar situaciones tales como tortura física y psíquica, violación de las garantías de privacidad y defensa, con el pretexto de la eficacia y el pragmatismo, delegación policial de funciones jurisdiccionales, policización de los ministerios públicos, extorsión con pretexto de negociación y brevedad, introducción de pruebas obtenidas en forma ilegal y multiplicación de resabios premodernos del tipo de los pretendidos arrepentidos y agentes encubiertos o cualquier otra forma de agente provocador o instigadores oficializados.
 

Se tendrá en cuenta el sistema de garantías que rodea la legislación de menor cuantía, cuidando que se preserven las mismas, en particular en todo aspecto que permita convertirla en un instrumento de penalización de la pobreza.
 

El actual uso generalizado de la prisión preventiva como pena - al punto de que casi no se emplean las penas del código penal, como lo demuestra que la amplia mayoría de presos de la región no estén condenados - debe revertirse, y debe denunciarse cualquier manipulación de esta institución, la que debe reducirse a la mínima expresión de coerción directa indispensable.
 

La preservación de la independencia, imparcialidad y pluralismo del poder judicial es fundamental en la región. Con este objeto, se denunciarán todas las tentativas de coaccionar a los jueces por parte de cualquier poder político, económico o mediático. Se promoverán los mejores medios para la selección, reclutamiento y formación de los magistrados y del personal judicial en general. Cualquier lesión a los poderes que son propios de la jurisdicción, en especial la tendencia a la administrativización de funciones judiciales, debe ser denunciada y seriamente criticada. El funcionamiento del poder judicial con aplicación de técnicas empresariales, debe ser cuidadosamente analizada y
oportunamente criticado, teniendo en cuenta que no se trata de producir un mayor número de sentencias sino de mejorar la calidad de éstas y de superar las demoras procesales.
 

El estado actual de la codificación penal en la región es calamitoso. Se ha producido un verdadero retroceso a los tiempos de la precodificación, con la demolición de los códigos penales mediante reformas puntuales inconsultas que desbaratan todo su sistema: fijación de penas que no mantienen relación con la afectación del bien jurídico, introducción de delitos sin peligro (peligro abstracto o presunción de peligro), delitos sin afectación de bien jurídico mediante la espiritualización o clonación de éste y una amplísima legislación penal especial no codificada. La ALPEC promoverá comisiones y jornadas de legislación y derecho comparado y convocará a los especialistas para establecer reglas comunes de codificación penal, procesal y de ejecución penal en la región. También colaborará con los estudiosos de los países que se encuentren trabajando en procesos de recodificación penal.
 

La ALPEC promoverá las investigaciones de campo que sean necesarias para una mejor y más clara comprensión de la operatividad de sus sistemas penales y del control social punitivo en la región. El segurismo totalitario promueve reformas sin ninguna base fáctica, pues se trata de pura propaganda política sin contenido. Sólo las investigaciones de campo pueden neutralizar sus dogmas reiterativos. Por otra parte, sin duda existe en la región una considerable conflictividad violenta que en su casi totalidad es producto de las tristes alternativas de su desarrollo en las últimas décadas del siglo pasado. Si bien en buena medida esta conflictividad se resolverá con la vuelta a ritmos acelerados de desarrollo y oportunidades, en tanto debe diagnosticarse el cuadro de situación a efectos de paliar su violencia y acelerar la superación de la exclusión y marginalidad sociales.

Esta empresa es imposible sin investigación orientada a ese objetivo.
En particular la ALPEC se opone a las tendencias que procuran, en base a investigaciones genéticas, reducir la criminología nuevamente a un biologismo que inevitablemente lleva a una nueva jerarquización de seres humanos. La región padeció largamente el reduccionismo biologicista con el positivismo criminológico del siglo XIX, y primera parte del pasado, con su carga de racismo y clasismo, legitimante de toda clase de abusos policiales y prácticas selectivas que, en último término, tienden a la supresión de seres humanos y a la cancelación misma del concepto de persona. La triste expansión de programas de origen veterinario al ser humano, comenzada en los Estados Unidos hace más de un siglo, con leyes de esterilización forzada que impidieron el nacimiento de miles de personas y que culminaron en la Alemania nazista con la supresión física de varios millones, debe poner en alerta a la criminología regional frente a este nuevo avance del reduccionismo.


Igualmente, la ALPEC debe denunciar cualquier tentativa de introducir en la región una pretendida criminología económica o pragmática, que sólo tome en cuenta variables de costos y eficacia.
 

En el plano jurídico deberá evitar las construcciones que se refugien en un idealismo pretendidamente apto para cualquier país del mundo y que, por ende, pase por alto los datos concretos de realidad, dejando de lado que cualquier construcción es un proyecto de jurisprudencia que se traduce en inevitables efectos sociales e individuales.
 

La victimización en la región se reparte tan inequitativa y selectivamente como la criminalización y, por desgracia, suele recaer sobre los propios sectores excluidos y marginados. El análisis de la victimización y los estudios de campo al respecto, son indispensables, como también lo es todo lo que sea posible para aliviar la situación de las víctimas y reducir sus riesgos.
 

Es innegable que existe en la región una tendencia que, fuera y en contra del marco del derecho internacional, procura criminalizar brutalmente a los niños y adolescentes de las clases más desfavorecidas y marginadas, imponiéndoles las mismas penas que a los adultos, arrojándolos a cárceles disimuladas de alto nivel de crueldad de trato, condicionando irreversibles carreras criminales y, por ende, procurando un efecto claramente reproductor del sistema, sin tomar en cuenta la menor posibilidad de reproche en razón de su innegable etapa evolutiva. La ALPEC enfrentará abiertamente esta tendencia y fomentará las legislaciones especializadas enmarcadas en los principios internacionales y en el respeto que los niños y adolescentes merecen como personas y, por ende, acreedores de las mismas garantías que los adultos.
 

La ALPEC apoyará todas las iniciativas que perfeccionen el sistema regional de Derechos Humanos y el avance de la justicia penal internacional contra crímenes de estado, en el sentido de una mayor y mejor transparencia e imparcialidad.
 

Profundizar la construcción de una dogmática jurídico-penal que asuma la dialéctica estado de derecho – estado de policía, debiendo el primero maximizar la contención a las pulsiones del segundo, y que reconozca la extrema selectividad del poder punitivo. El derecho penal, en tanto saber destinado a programar jurisprudencia, debe habilitar el poder punitivo menos irracional, constituyéndose en dique de contención o barrera para el de mayor irracionalidad. El derecho penal, como teoría jurídica, no puede separarse de la práctica sin grave riesgo de desequilibrio, en tanto debe orientar a la jurisprudencia. El derecho penal no puede ser neutro, debe estar siempre del lado del Estado de derecho para contener las pulsiones del poder punitivo. No puede haber Derecho penal que no sea garantista, en tanto las garantías procesales penales y penales sustantivas son la esencia del Estado de derecho. El derecho penal debe mantener y perfeccionar las garantías de los ciudadanos. El derecho penal latinoamericano no puede incorporar a sus construcciones dogmáticas el discurso sobre la sociedad de riesgo, sin advertir cuáles son los riesgos de los países en los cuales se han desarrollado estas ideas, que poco tienen que ver con la realidad de nuestros países y de los problemas propios de la región. Promover una criminología en contacto con el momento empírico, objetivo alcanzable a través de la investigación y el estudio de campo.
 


Principios Programáticos:


Criminología que enfrente el desafío epistemológico de observar los elementos comunes a todos los desplazamientos de la prevención racional de crímenes masivos e indiscriminados hacia la negación del estado de derecho y el crimen de estado. Oponer el conocimiento al racismo, antes que los saberes de la genética consagren diferencias biológicas y transformen la discriminación en privilegios genéticos Una criminología abierta a la teoría social y política, y en diálogo permanente con diversas perspectivas criminológicas, asumiendo y ejerciendo una constante autocrítica.

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